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La
justicia penal en el país se percibe como un sistema ineficiente
y corrupto, cuya mala imagen hace que la ciudadanía no
denuncie los delitos ante la autoridad, lo que incrementa la inseguridad
pública.
Las causas principales de esta ineficiencia y corrupción
se deben a fallas estructurales que presenta el sistema. Esto
significa que el problema no siempre radica en conductas ilegales,
sino en leyes y procedimientos penales obsoletos y contraproducentes.
Las instituciones que firman al calce de
esta carta proponemos una reforma legal centrada en las causas
que pervierten al sistema.
Ya el Estado de Nuevo León ha realizado cambios fundamentales
y están demostrando que el proceso penal puede ser mucho
más ágil y eficiente. Estos cambios también
se deben implementar y profundizar a nivel federal.
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